
El panorama crediticio en la provincia de Tucumán refleja una situación crítica en el marco de la economía familiar argentina, donde se estima que 404 de cada 1.000 ciudadanos mantienen algún tipo de deuda personal. Este indicador se inscribe en un mapa nacional de fuerte disparidad territorial, en el cual las jurisdicciones del Norte y Cuyo presentan los mayores niveles de incumplimiento pese a tener una menor profundidad financiera en comparación con la Ciudad de Buenos Aires o la Patagonia. Mientras que en los extremos del país el volumen de deuda no siempre se traduce en mora, en el norte la fragilidad de los ingresos y la informalidad laboral actúan como factores determinantes que dificultan el cumplimiento de las obligaciones bancarias.

De acuerdo con los datos analizados por la consultora Analytica, a los que tuvo acceso Tendencia de Noticias, un 32,4% de la población de Tucumán mantiene deudas personales, con un monto promedio que alcanza los $656.000 por deudor. Estas cifras adquieren relevancia al observar que, a nivel nacional, “las provincias del norte concentran los niveles más elevados de incumplimiento, aun cuando suelen presentar una menor incidencia del crédito formal en relación con su población”. Esta paradoja implica que, aunque hay menos personas bancarizadas, la proporción de quienes no pueden pagar a término es significativamente mayor.
El informe subraya que la diferencia geográfica es tajante: “mientras que en la Ciudad de Buenos Aires apenas el 16,1% de los deudores registra atrasos superiores a 90 días, en provincias como San Juan, La Rioja y Catamarca la proporción supera el 35%”. En efecto, San Juan lidera el ranking de mora con un 36%, seguida muy de cerca por La Rioja (35,3%) y Catamarca (34,8%).

Un dato que surge del desglose de la información es que poseer una deuda de gran tamaño no conlleva necesariamente al incumplimiento. Regiones como la Patagonia —específicamente Tierra del Fuego, Neuquén y Santa Cruz— registran los montos medianos de deuda más altos del país; sin embargo, mantienen niveles de mora bajos. Al respecto, el estudio indica que “el problema está más asociado a la capacidad de pago de los hogares y a las condiciones del mercado laboral que al volumen de deuda tomado por cada deudor”.

Esta situación se vincula con factores estructurales del mercado de trabajo. Las zonas con mayores índices de morosidad coinciden con aquellas de mayor informalidad y menores salarios promedio. Según la consultora, “la distribución territorial de la mora constituye una expresión financiera de desigualdades económicas preexistentes”, ya que en los lugares donde el empleo formal es escaso, las familias encuentran obstáculos insalvables para acceder a nuevas fuentes de financiamiento o regularizar las actuales.
Finalmente, el mercado de crédito actual muestra una “dualidad permanente”, donde los sectores vinculados a la exportación (energía, minería y agro) acceden a financiamiento creciente, mientras que las familias y empresas orientadas al consumo interno enfrentan restricciones severas. En este contexto, la irregularidad creció especialmente en rubros golpeados por la debilidad de la actividad económica, tales como el comercio, la construcción y la industria.